viernes, 21 de agosto de 2015

Perú: Violencia de género revela debilidad de protección estatal a víctimas



Lima, 21 Agosto 2015: Los últimos casos de violencia de género registrados en Perú revelaron que la administración y los trámites judiciales presentan debilidades en su sistema que impiden una adecuada protección a la víctimas de las agresiones.

Los hechos más recientes denotan la necesidad de un mayor esfuerzo de las instituciones estatales por apoyar a las víctimas y una mejor coordinación entre la policía, la fiscalía y los jueces para tratar las denuncias de una manera más pormenorizada y personalizada.

El caso que reflejó esas limitaciones ocurrió este mes cuando un hombre fue puesto en libertad condicional tras propinar una paliza a su pareja, a la que había sacado al exterior de un hotel para golpearla desnuda en la calle mientras portaba un cuchillo y una pistola de juguete.

La brutal agresión ocurrida en Piura, a 1.050 kilómetros al norte de Lima, quedó grabada por una cámara de seguridad, pero una fiscal ordenó la libertad condicional del agresor y una jueza ratificó esa decisión días más tarde, sin admitir el vídeo como prueba.

La indignación fue mayor cuando la víctima, Misui Chávez, puso en evidencia la connivencia de una parte de la sociedad con la violencia al anunciar que no denunciaría a su agresor.

Otro caso similar ocurrió el mes pasado en Ayacucho, a 575 kilómetros al sur de Lima, donde un hombre estuvo en libertad durante unas dos semanas después de ser detenido por golpear desnudo y arrastrar a su novia por la recepción de un hotel, en una agresión que también quedó registrada en vídeo.

Los casos de violencia se recrudecieron esta semana con la aparición de dos mujeres asesinadas en Lima a cargo de sus parejas sentimentales.

Desde enero a julio se han contabilizado 52 feminicidios, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Para evitar una escalada de violencia en la pareja, el primer escollo a vencer por las instituciones peruanas es promover mayor confianza en las mujeres agredidas a presentar una denuncia, ya que solo el 40 % decide denunciar a su agresor, según la Defensoría del Pueblo.

Esa confianza debe lograrse con un incremento de la eficiencia de las diligencias de la Fiscalía y de los jueces que instruyen las investigaciones.

Una manera de lograrlo es que los hechos denunciados no se tipifiquen simplemente como maltrato físico o psicológico, sino que además la Fiscalía alcance a identificar si el grado de violencia implica delitos de mayor gravedad como la tentativa de homicidio.

Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que el 7 % de las denuncias presentadas en la ciudad del Callao entre octubre de 2013 y junio 2014 contenían indicios de intentos de feminicidio que ni la investigación de la Policía ni la de la Fiscalía contempló como motivo para acusar al agresor.

Otro proceso a revisar es la adecuación de las medidas de protección dictadas por los fiscales a las víctimas porque el reporte reflejó que el 56 % de ellas no se adaptaba a su situación de riesgo y vulnerabilidad.

Además, al Estado peruano todavía le falta adecuar más espacios de protección para las víctimas de la violencia de género, pues solo once de las 46 casas de acogida que existen en Perú están gestionadas por instituciones estatales, según la Defensoría del Pueblo.

Otro frente que tampoco debe desatenderse por parte del Gobierno es la aceptación generalizada a la violencia que existe en la sociedad peruana, reconocida por la ministra de Inclusión y Desarrollo Social, Paola Bustamante, quien instó promover una buena educación familiar con un fomento del respeto para evitar estos casos. (Fernando Gimeno)

EFE|PMNEWS

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